El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, volvió a radicar ante el Concejo Distrital el proyecto de acuerdo que busca crear la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P., después de que la primera iniciativa fuera retirada por posibles errores en el trámite de primer debate.
El Proyecto de Acuerdo 116 de 2026 había sido retirado el lunes 5 de octubre, luego de que la Oficina Jurídica del Distrito advirtiera sobre posibles vicios de procedimiento que podrían afectar la legalidad de su trámite. La Administración decidió sanear el proceso y presentar nuevamente la iniciativa.
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“Nosotros no vamos a correr riesgos, más con una iniciativa que, pese a ser tan necesaria y crucial para el presente y futuro de Cartagena, tiene tantas voluntades en la ciudad que quieren que fracase porque afectaría sus intereses privados. Evidenciamos que el proyecto podía ser sometido a un análisis jurídico posterior y, en concepto de nuestro equipo jurídico, lo mejor era sanear el proceso y retirarlo. Era la mejor solución”, explicó el alcalde Dumek Turbay.
Una empresa 100 % pública
La propuesta contempla la creación de una empresa cuyo único accionista inicial sería el Distrito de Cartagena. Tendría personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y estaría vinculada a la Secretaría General como parte del sector descentralizado por servicios.
El Gobierno Distrital sostiene que Cartagena enfrenta dificultades relacionadas con la continuidad del servicio de acueducto, infraestructura, cobertura, agua no contabilizada, capacidad técnico-operativa y atención de las zonas rurales, insulares y corregimentales.
El diagnóstico también plantea necesidades de expansión de redes, optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado y mejoras en la prestación del servicio de aseo.
La Administración analizó tres alternativas: mantener el esquema actual, crear una empresa regional mixta o constituir una empresa distrital 100 % pública. Según el proyecto, esta última permitiría fortalecer el control del Distrito sin impedir la participación de operadores privados especializados.
¿Qué servicios manejaría la nueva empresa?
Aunque el acueducto, alcantarillado y alumbrado público están entre los principales objetivos de la iniciativa, el objeto social propuesto es más amplio.
La empresa podría prestar directa o indirectamente servicios públicos a usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales y especiales. También tendría facultades para diseñar, construir, ampliar, rehabilitar, operar y mantener redes e infraestructura.
El proyecto contempla además la administración y desarrollo de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y demás infraestructura asociada, así como la ejecución de proyectos de modernización del alumbrado público.
La nueva empresa también podría participar en proyectos de energía eléctrica, generación mediante fuentes convencionales y no convencionales, aprovechamiento de residuos, eficiencia energética y energías alternativas.
Asimismo, tendría capacidad para participar en licitaciones, asociaciones público-privadas y otras modalidades de contratación, además de prestar servicios de consultoría, interventoría y asistencia técnica.
Un modelo distinto al de las antiguas Empresas Públicas Distritales
El proyecto establece tres órganos principales de gobierno: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Gerente General.
Como inicialmente existiría un único accionista, el Distrito podría ejercer las funciones de Asamblea General conforme al régimen de las sociedades por acciones simplificadas.
El Gerente General sería el representante legal de la empresa, actuaría como agente del alcalde y tendría la condición de empleado público de libre nombramiento y remoción.
La estructura específica de gobierno corporativo, dirección y administración deberá establecerse en los estatutos.
La Administración reconoce en la iniciativa la importancia del gobierno corporativo para evitar que la nueva empresa repita los problemas que llevaron al deterioro de las antiguas Empresas Públicas Distritales.
$40.000 millones de capital público
Uno de los puntos centrales del proyecto es la destinación de $40.000 millones de capital público para constituir la empresa.
El capital autorizado y suscrito estaría representado en 40.000 acciones ordinarias, con un valor nominal de $1 millón cada una.
El aporte se realizaría en dos vigencias: $20.000 millones en 2027 y $20.000 millones en 2028.
El patrimonio también podría estar compuesto por bienes muebles e inmuebles, derechos, concesiones, infraestructura y otros activos que el Distrito transfiera como aporte, además de los ingresos provenientes de tarifas y de las demás actividades relacionadas con su objeto social.
La empresa podría contratar operadores privados
La creación de la nueva empresa no significaría necesariamente que el Distrito deba asumir directamente la operación de todos los servicios públicos.
El modelo propuesto contempla que la empresa pueda prestar los servicios de manera directa o indirecta y contratar operadores especializados cuando sea necesario.
De esta manera, la Administración plantea una empresa pública con capacidad para vincular terceros que aporten experiencia, conocimiento técnico y capacidad operativa.
La nueva entidad tendría como objeto la prestación de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, aseo, energía eléctrica y alumbrado público, además de actividades relacionadas con diseño, construcción, operación, mantenimiento, modernización, consultoría y asistencia técnica.
La infraestructura pública podría quedar bajo su administración
Otro de los componentes de la iniciativa es la posibilidad de que el Distrito entregue a la nueva empresa la propiedad, usufructo o derechos de operación y administración sobre infraestructura y equipos destinados a la prestación de servicios públicos.
La infraestructura podría incluir bienes existentes y futuros construidos y de propiedad del Distrito.
El proyecto también establece una condición sobre los rendimientos derivados de la explotación de esa infraestructura: estos no deberían incorporarse al cálculo de las tarifas cobradas a los usuarios, de acuerdo con las metodologías de las respectivas comisiones de regulación y las autoridades competentes.
El objetivo es recuperar capacidad de dirección sobre los servicios públicos
La Administración Distrital plantea que la nueva empresa sea una herramienta empresarial para garantizar una prestación eficiente, continua y de calidad de los servicios públicos.
Entre los objetivos también están proteger las inversiones públicas, fortalecer la inspección y vigilancia local, atender las necesidades de las zonas rurales y permitir la participación del sector privado mediante contratos de operación especializada.
La empresa tendría régimen contractual de derecho privado, mientras que sus trabajadores serían, en principio, trabajadores oficiales, con excepción de los cargos de dirección o confianza que sean definidos en los estatutos.
El Concejo tendrá la última palabra
El proyecto de acuerdo no crea automáticamente la empresa. La solicitud al Concejo Distrital de Cartagena es que autorice su constitución y faculte al alcalde para adelantar, durante un año contado desde la sanción del acuerdo, los actos, contratos, inversiones y demás actuaciones necesarias para ponerla en funcionamiento.
También se solicita autorización para destinar hasta $40.000 millones al capital social inicial y para adelantar las actuaciones relacionadas con la infraestructura pública que eventualmente sea transferida a la nueva entidad.
El Distrito continuaría garantizando los recursos correspondientes a los subsidios de servicios públicos provenientes del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con la legislación vigente.
La iniciativa queda ahora nuevamente en manos del Concejo Distrital, que deberá estudiar y debatir la propuesta antes de decidir si autoriza la creación de la nueva empresa pública.
El planteamiento del Gobierno de Dumek Turbay es que Cartagena vuelva a contar con una herramienta empresarial propia para dirigir sus servicios públicos, bajo un modelo de propiedad 100 % pública, con gobierno corporativo y posibilidad de contratar operadores especializados cuando sea necesario.
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