El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda de la Alcaldía de Cartagena contra Aguas de Cartagena (Acuacar), Veolia Environnement y otras tres sociedades, en una controversia judicial que podría tener consecuencias sobre el contrato de gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad, vigente desde 1995.
La acción judicial, impulsada por el alcalde Dumek Turbay, busca que se declaren presuntos incumplimientos contractuales y se ordene la terminación del contrato de Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (GISAA). El Distrito también pretende recuperar los bienes afectados a la prestación del servicio y obtener restituciones económicas.
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La decisión quedó consignada en el Auto Interlocutorio 014 del 9 de octubre de 2026, dentro del proceso radicado 13001-23-33-000-2026-00496-00. Con la admisión, comienza formalmente el trámite judicial, sin que esto implique que las empresas hayan sido declaradas responsables.
¿Qué reclama Dumek Turbay contra Acuacar y Veolia?
Entre las principales pretensiones de la Alcaldía está que se declare que Acuacar incumplió obligaciones establecidas en el contrato GISAA y en su Otrosí número 3, suscrito en 2015.
A partir de esos presuntos incumplimientos, el Distrito solicita la terminación inmediata del contrato, la reversión de los bienes destinados a la prestación de los servicios y las restituciones económicas que correspondan.
La demanda también incluye reclamaciones relacionadas con la cláusula penal del contrato, recursos tarifarios, perjuicios, intereses, indexación y costas procesales.
Como alternativa, si las pretensiones principales no prosperan, la Alcaldía pide que se ordene el cumplimiento del contrato y se declare la nulidad absoluta de su cláusula 17.
Las cinco empresas que enfrentan la demanda
La acción judicial no se dirige únicamente contra Aguas de Cartagena. También incluye a Veolia Environnement, la Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR), Interagbar de Colombia y Aseguradora Solidaria de Colombia.
Según la demanda, AGBAR e Interagbar de Colombia tienen participación como accionistas clase C y socios operadores de Acuacar, mientras que Veolia Environnement es señalada como controlante de las sociedades involucradas. Aseguradora Solidaria fue vinculada por haber expedido la póliza de cumplimiento contractual.
El Distrito plantea que estas sociedades podrían tener responsabilidad solidaria por obligaciones contractuales y precontractuales. No obstante, el alcance de esa responsabilidad deberá determinarse durante el proceso.
¿Cuánto dinero reclama la Alcaldía de Cartagena?
La cuantía estimada por el Distrito asciende a 120.699 millones de pesos, cifra relacionada con el saldo de las inversiones contempladas en el Otrosí número 3.
La controversia gira alrededor del contrato publicado en la Gaceta Distrital número 46 del 21 de junio de 1995 y sus modificaciones posteriores, realizadas en 2004, 2009 y 2015.
En el auto admisorio, el Tribunal señaló que el contrato continúa en ejecución y no ha sido liquidado.
Las empresas tienen 30 días para responder
Con la admisión de la demanda, el Tribunal ordenó notificar a las cinco sociedades demandadas y concederles un plazo de 30 días, contado conforme a las reglas procesales establecidas en la providencia, para contestar la acción judicial.
Durante ese periodo, las empresas podrán presentar sus argumentos de defensa, formular excepciones y solicitar pruebas. El Ministerio Público también fue vinculado al proceso.
La providencia aclara que Veolia Colombia no fue incluida formalmente como demandada en este expediente.
Por ahora, la admisión de la demanda no significa que el contrato haya terminado ni que se hayan probado los incumplimientos denunciados por el Distrito. El Tribunal deberá estudiar los argumentos, las pruebas y las respuestas de las partes antes de emitir una sentencia sobre las pretensiones de la Alcaldía de Cartagena.
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