El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, llevó ante el Consejo de Estado su pelea contra la CREG por el programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica. El mandatario presentó una demanda de nulidad contra la Resolución CREG 101 126 del 21 de agosto de 2026 y pidió suspender provisionalmente sus efectos para los usuarios de la ciudad.
La acción judicial cuestiona que la regulación aplique los mismos criterios de consumo a usuarios que viven en territorios con condiciones climáticas muy diferentes. Para la Alcaldía, Cartagena enfrenta altas temperaturas y humedad que generan una necesidad permanente de ventilación, refrigeración y acondicionamiento térmico en viviendas, comercios e instituciones.
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El modelo de la CREG establece una meta individual de consumo para cada usuario, calculada a partir de su comportamiento histórico. Quienes superen en más de 10 % esa meta pueden asumir un cobro adicional sobre el consumo excedente, mientras que quienes reduzcan su consumo en más de 10 % pueden acceder a un beneficio.
El Distrito aclara que no se opone al ahorro energético. El cuestionamiento está en la forma como se distribuyen las cargas de la política. Turbay sostiene que no puede confundirse el consumo que puede evitarse con aquel que está determinado por las condiciones climáticas y las necesidades básicas de habitabilidad.
El alcalde también puso sobre la mesa el impacto que la medida podría tener en hogares con recién nacidos, adultos mayores, personas enfermas y niños con discapacidad, quienes pueden necesitar mantener encendidos ventiladores o aires acondicionados. “No podemos convertir una necesidad climática en una sanción económica”, afirmó.
Otro de los argumentos de la demanda apunta a las excepciones territoriales incluidas por la propia CREG después del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. Para el Distrito, esto demuestra que las condiciones particulares de un territorio pueden ser relevantes para determinar la aplicación de una política de ahorro energético.
La Alcaldía sostiene que aplicar una misma regla a territorios con realidades diferentes puede terminar produciendo una desigualdad material. Por eso, la demanda invoca los principios de igualdad, razonabilidad, proporcionalidad y justicia tarifaria, además de normas constitucionales y las Leyes 142 y 143 de 1994.
Turbay le pide al Consejo de Estado declarar la nulidad de la Resolución CREG 101 126 y que, como consecuencia, la comisión se abstenga de trasladar cobros adicionales por consumo excedente a los usuarios regulados de Cartagena.
Pero el alcalde no quiere esperar hasta una sentencia definitiva. La demanda incluye una medida cautelar para que se suspendan provisionalmente los efectos económicos de la resolución mientras el alto tribunal decide de fondo el proceso. El Distrito argumenta que, si el programa continúa vigente, podrían acumularse cobros adicionales antes de que exista una decisión judicial.
Turbay insistió en que su posición no significa rechazar el ahorro de energía. “No estamos pidiendo privilegios para el Caribe; estamos pidiendo equidad basada en evidencia”, sostuvo. Con la demanda, la discusión sobre el consumo y las tarifas de energía en Cartagena pasa ahora del escenario político al judicial.
El objetivo del Distrito es que los usuarios cartageneros no sean castigados económicamente por un consumo que, según la administración, está condicionado en buena medida por el calor, la humedad y las necesidades básicas de habitabilidad del Caribe.
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